La activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha puesto nuevamente bajo la lupa la actuación del Estado mexicano frente a la crisis de personas desaparecidas. Este mecanismo se reserva para casos en los que el Comité considera que las desapariciones podrían ser sistemáticas o generalizadas, y permite llevar el tema ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

El gobierno mexicano respondió con firmeza al proceso iniciado en abril, al rechazar que las desapariciones en el país respondan a un patrón sistemático. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que “la desaparición de personas es un delito grave que se combate mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción”. El Ejecutivo mexicano reconoció la desaparición de casi 134 mil personas, pero insistió en que la mayoría de los casos están relacionados con la delincuencia organizada.

Por su parte, el Comité de la ONU sostiene que las desapariciones en México presentan características de una práctica estructural. En su informe más reciente, respaldado por colectivos, expertos y familiares de víctimas, el organismo afirmó que los casos son “sistemáticos y generalizados”, y que persiste la impunidad institucional. La postura del CED provocó una respuesta crítica del gobierno, que calificó las conclusiones como carentes de sustento.

El artículo 34 permite al Comité remitir el caso de manera urgente a la Asamblea General de la ONU, lo que implicaría un examen internacional más amplio sobre la situación mexicana. Organizaciones de derechos humanos han señalado que esta posibilidad representa una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas y adoptar medidas efectivas de búsqueda e identificación.

Desde 2014, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la ONU ha advertido sobre el carácter extendido del fenómeno. Aunque México ha buscado mantener un diálogo con los organismos internacionales y fortalecer sus mecanismos de búsqueda, la activación del artículo 34 marca un nuevo punto de tensión entre el Estado y las instancias globales encargadas de la defensa de los derechos humanos.