La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (Cecyte), donde se identificaron pagos de nómina no justificados a 54 trabajadores, por un monto total de 752 mil 800 pesos durante el ejercicio fiscal 2024.

El señalamiento forma parte del segundo informe de la Cuenta Pública 2024, en el que la ASF advierte que se cubrieron plazas no autorizadas dentro del subsistema educativo, lo que podría constituir un daño a la Hacienda Pública federal. De esa cantidad, 119 mil 753 pesos corresponden a recursos federales y el resto a fondos estatales, lo que implica una responsabilidad compartida entre ambos órdenes de gobierno.

El periodo auditado corresponde a la gestión de Roberto Eli Esponda Islas como director general del Cecyte, durante el gobierno sustituto de Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Sin embargo, será la actual administración encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y la directora Virginia González Melgarejo quien deberá acreditar el uso correcto del gasto o reintegrarlo a la Tesorería de la Federación.

Según el informe, la ASF detectó que los pagos realizados duplican el monto reportado oficialmente en la nómina, que fue de 218 mil 172 pesos, sin que exista documentación válida que justifique la diferencia.

En paralelo, la Auditoría también promovió dos sanciones administrativas en el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep), por inconsistencias en registros de gasto corriente. La institución reportó pagos por 702 mil 500 pesos, aunque los comprobantes fiscales solo acreditan 598 mil 56 pesos.

Estos casos forman parte de las observaciones derivadas de la revisión al cierre del último año del gobierno de Céspedes Peregrina, periodo en el que la ASF emitió solo una observación directa al Cecyte y procedimientos administrativos en el Cobaep.

Las investigaciones continúan y se espera que las autoridades educativas presenten la documentación necesaria para aclarar el destino de los recursos. Mientras tanto, el caso refuerza la relevancia de la transparencia y rendición de cuentas en el manejo del presupuesto educativo, particularmente en instituciones que atienden a comunidades donde la educación técnica representa una vía esencial para el desarrollo regional.