Organizaciones civiles denunciaron que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 mantiene en la opacidad los recursos destinados a la extracción de gas mediante fractura hidráulica (fracking), particularmente en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo, que abarca regiones de Puebla y Veracruz.

De acuerdo con la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), Fundar Centro de Análisis e Investigación y Engenera A.C., desde 2010 se ha documentado que cerca del 76 por ciento de los pozos en la zona —más de mil 300— han sido sometidos a esta técnica, asociada a graves impactos ambientales y sanitarios.

Las organizaciones señalaron que al menos ocho programas presupuestarios relacionados con la explotación de gas no convencional carecen de montos específicos, a pesar de figurar en el paquete económico federal. Además, acusaron que el gobierno federal utiliza términos ambiguos como “yacimientos de geología compleja” o “estimulación de pozos” para encubrir la continuidad del fracking.

El análisis del gasto público indica que, de los más de 517 mil millones de pesos asignados a Petróleos Mexicanos (Pemex) para 2026, no se especifica cuánto se destinará a la extracción en yacimientos no convencionales. Asimismo, la partida K025, correspondiente a infraestructura económica de hidrocarburos, contará con 245 mil millones de pesos, sin información desglosada sobre su aplicación.

La AMCF advirtió que esta falta de transparencia vulnera los compromisos ambientales de México y agrava la crisis climática. Diversos estudios han relacionado el fracking con malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer y enfermedades respiratorias, además de la contaminación de acuíferos y el uso excesivo de agua.

También destacaron la desproporción presupuestal: Pemex recibirá recursos 12 veces superiores a los de la Secretaría de Medio Ambiente y casi ocho veces más que los de la Secretaría de Salud, lo que refleja una política energética que prioriza los combustibles fósiles sobre la sustentabilidad.

Finalmente, las organizaciones exigieron al gobierno federal transparentar el uso de los fondos, suspender definitivamente el fracking y cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental, priorizando la salud pública, el agua y el bienestar de las comunidades afectadas.