La presunta violación grupal de una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) desató una crisis institucional y una ola de protestas en la capital potosina. El hecho, ocurrido el 17 de octubre dentro del campus, involucra a tres alumnos y a un hombre ajeno a la universidad.

Desde este martes, estudiantes de todas las facultades mantienen un paro de actividades y bloqueos en distintas zonas de la ciudad para exigir justicia, seguridad y la renuncia del director de Derecho, Germán Federico Pedroza Gaytán, cuya dimisión aún no ha sido confirmada.

Las manifestaciones se concentran en avenidas como Niño Artillero, Cuauhtémoc y en los alrededores del Distribuidor Juárez, donde las y los manifestantes colocaron cartulinas denunciando la falta de protocolos eficaces contra la violencia sexual. En redes sociales, los hashtags #UASLPViolador, #JusticiaParaElla y #NiUnaMás agrupan decenas de testimonios de acoso y agresión dentro del campus.

La indignación crece, pues apenas una semana antes, alumnas de la Facultad de Economía habían protestado por la inseguridad y la impunidad ante casos de hostigamiento. Las manifestantes denuncian una “violencia estructural” dentro de la universidad y acusan a dirigentes de la Federación Universitaria Potosina (FUP) de ejercer intimidación con la presunta complicidad de las autoridades.

Hasta el momento, el rector Alejandro Zermeño Guerra no ha emitido un informe sobre las acciones emprendidas ni ha respondido a las exigencias del movimiento estudiantil.

En el ámbito político, el diputado por MORENA, Cuauhtli Badillo Moreno, rechazó tener vínculos con los acusados, luego de que circularan versiones que lo relacionaban con uno de ellos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una carpeta de investigación, sin que hasta ahora se hayan girado órdenes de aprehensión.

Las estudiantes mantienen tomadas las instalaciones de la Facultad de Derecho y advierten que no las liberarán hasta que existan sanciones penales y reformas institucionales que garanticen seguridad y justicia dentro de la UASLP.

El caso ha trascendido el ámbito universitario y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la impunidad en la educación superior en San Luis Potosí.