El 40 por ciento de los usuarios del sistema de agua potable en Puebla y su zona conurbada no paga el servicio, revelaron Jordi Bosch Bragado y Gustavo Gaytán Alcaraz, directores de Concesiones Integrales y del SOAPAP, respectivamente. Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso local, ambos reconocieron que solo seis de cada diez usuarios cumplen puntualmente con sus pagos, lo que representa un reto financiero y refleja la creciente desconfianza ciudadana hacia la empresa concesionaria.

En el encuentro con diputados, los funcionarios admitieron además que el saneamiento del agua “no es el más eficiente”, pues las seis plantas de tratamiento operadas por la compañía fueron diseñadas únicamente para procesar aguas residuales domésticas y no industriales. Esta limitación, explicaron, provoca que los desechos de fábricas y talleres alteren los sistemas de tratamiento y afecten la calidad del agua procesada.

A estas deficiencias se suma una nueva potencial denuncia penal que será presentada por la Colectiva por el Bienestar Social y la Asamblea Social del Agua (ASA) contra Concesiones Integrales, por las descargas de aguas contaminadas al río Atoyac derivadas del deficiente tratamiento de aguas residuales. El abogado Néstor López Espinosa, representante de la colectiva, explicó que el caso podría constituir una violación al artículo 416 del Código Penal Federal, que sanciona con hasta nueve años de prisión y multas de 3 mil días a quien descargue ilícitamente contaminantes en cuerpos de agua federales.

De acuerdo con información entregada por la propia empresa en procesos judiciales, cuatro de las cinco plantas de tratamiento presentan niveles de coliformes fecales superiores a 24 mil, cuando la norma permite un máximo de dos mil. Además, la concesionaria lleva más de 16 meses sin rendir informes ante la juez quinto de distrito, incumpliendo con la orden judicial de transparentar la operación de sus plantas y los avances en saneamiento.

Activistas y especialistas advirtieron que la combinación de falta de transparencia, contaminación y cobros excesivos ha profundizado el malestar entre los usuarios. Consideran que el modelo de concesión fracasó y que Agua de Puebla opera sin controles efectivos ni resultados verificables, mientras los ríos Atoyac y Alseseca continúan recibiendo descargas que ponen en riesgo la salud y el equilibrio ambiental de la capital poblana.