La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso firme contra la impunidad al revocar la reducción de pena de Diego Urik Mañón Melgoza, feminicida de Jessica González Villaseñor, asesinada en 2020 en Morelia, Michoacán. El fallo del máximo tribunal restablece la condena original de 50 años de prisión y marca un precedente clave: los jueces no podrán usar el argumento de “reinserción social” para reducir penas en casos de feminicidio.

Jessica, una joven educadora de 21 años, fue víctima de violencia extrema a manos de su pareja sentimental. Su cuerpo fue hallado días después de haber sido reportada como desaparecida, un hecho que sacudió a Michoacán y desató la indignación nacional. Pese a que el agresor recibió inicialmente la pena máxima, un tribunal la redujo en 2023 a 42 años y seis meses, alegando que Urik tenía 18 años al momento del crimen.

La decisión deriva del amparo directo en revisión 4872/2024, resuelto por la Primera Sala de la SCJN. En el fallo, la ministra ponente Loretta Ortiz Ahlf argumentó que los delitos de feminicidio, por su gravedad y carácter estructural, no pueden recibir atenuantes relacionadas con la edad o la supuesta posibilidad de reinserción, ya que estos criterios desvirtúan los principios de proporcionalidad y de justicia con perspectiva de género.

El caso llegó al máximo tribunal tras ser impugnado por las víctimas indirectas y respaldado por la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, que presentaron un Amicus Curiae. Ambas instituciones plantearon que la reducción de la pena contravenía el principio de justicia para las víctimas y la obligación del Estado de garantizar sanciones proporcionales en delitos de violencia de género.

Con esta resolución, la SCJN sienta jurisprudencia en materia penal y de derechos humanos: a partir de este fallo, ningún juez del país podrá reducir condenas por feminicidio argumentando la reinserción social del agresor. La determinación refuerza el criterio de que los tribunales deben resolver con perspectiva de género y asegurar que los castigos sean acordes a la gravedad del delito.