El director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, reveló que el llamado huachicol fiscal —contrabando y subvaluación de mercancías en las aduanas— era controlado en todo el país por 30 agentes aduanales, aunque aseguró que el esquema ya fue desmantelado y se mantiene bajo vigilancia.

Durante su comparecencia ante senadores de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Primera, Marín solicitó el respaldo del Congreso para aprobar la reforma a la Ley Aduanera, con el objetivo de fortalecer las sanciones y combatir de manera más eficaz la corrupción en las aduanas.

“Ya está detenido definitivamente el huachicol fiscal; era por las aduanas del norte y de los puertos. Lo hemos atajado y estamos pendientes. Si se detecta un nuevo caso, procedemos de inmediato y damos parte a la fiscalía”, afirmó el titular de la ANAM.

El funcionario ejemplificó las irregularidades detectadas: mercancías provenientes de China, como hamacas declaradas con un valor de dos pesos o contenedores de perfumes que pagaron menos de 200 pesos de impuestos, lo que, dijo, muestra la urgencia de imponer correctivos y mayores sanciones.

Por su parte, el director general de Investigación Aduanal, Tonatiuh Márquez, informó que hasta septiembre pasado existen 818 carpetas de investigación con detenidos y 6 mil 889 sin detenidos relacionadas con el huachicol fiscal. Además, 310 han sido judicializadas, con más de 326 personas vinculadas a proceso y 78 sentencias emitidas.

Márquez añadió que de los 850 agentes aduanales activos en el país, ya fueron canceladas más de 45 licencias, incluidas las de los 30 que controlaban el contrabando de hidrocarburos. Denunció también que más del 80 por ciento de los contenedores revisados en aduanas como Pantaco, Manzanillo y Lázaro Cárdenas pagaban impuestos menores a 50 mil pesos, una cifra “ilógica” frente al valor real de las mercancías.

El titular de la ANAM reiteró que el gobierno federal mantiene operativos y coordinación con la Fiscalía General de la República para continuar actuando contra funcionarios y agentes aduanales involucrados en prácticas corruptas.