En 2024, los hogares del país destinaron 91 mil 800 millones de pesos a medidas de autoprotección frente al delito, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi. Este gasto forma parte del costo total de la inseguridad para las familias, estimado en 269 mil 600 millones de pesos.

El monto en prevención —que abarca cerraduras, rejas, alarmas, cámaras, mudanzas, seguros, vigilancia privada e incluso adquisición de armas— equivale a una cifra cercana al presupuesto conjunto ejercido este año por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (70,422 mdp) y la Fiscalía General de la República (20,126 mdp).

La Envipe detalla seis tipos de acciones preventivas: colocar cerraduras, puertas o ventanas; acciones vecinales conjuntas; levantar rejas o bardas; adquirir perros guardianes; y un grupo de “otras medidas” que incluye vigilancia privada, mudanzas, seguros, alarmas y armas de fuego. Estas últimas, de mayor costo y complejidad, han ganado terreno en la última década en varias entidades.

En Ciudad de México, 26.6% de los hogares adoptó “otras medidas” por tercer año consecutivo; en Jalisco y Baja California, 25.7% y 21.1%, respectivamente. En contraste, el peso del gasto preventivo varía: Chiapas destinó 58.7% de su costo del delito a prevención, seguido de Sonora (55.9%), Coahuila (55.8%), Yucatán (48.7%) e Hidalgo (48.7%). Por el contrario, Jalisco (22.1%), Puebla (24.5%) y San Luis Potosí (28.2%) registraron proporciones menores, aunque con altos costos per cápita: 9,100, 8,531 y 7,338 pesos, respectivamente.

Especialistas señalaron que la expansión de la llamada “industria de la prevención” responde a delitos patrimoniales como robo y extorsión, lo que impulsa inversiones en cerraduras, videovigilancia y vigilancia privada, sin relación directa con homicidios o secuestros.

La metodología de la Envipe integra tres componentes para calcular el costo del delito en los hogares: afectaciones a la salud, pérdidas económicas y gastos de prevención. Bajo este esquema, la prevención representó 34% del total en 2024, consolidándose como un factor central en la economía familiar ante la inseguridad.