México y 33 países coordinan plan internacional para sancionar a Israel por la guerra en Gaza

El Grupo de La Haya, una coalición internacional liderada por Colombia y Sudáfrica, ha reunido a 34 países en Nueva York para coordinar un plan conjunto que busca sancionar a Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza. Este encuentro ministerial, realizado en paralelo a la Asamblea General de la ONU, contó con la participación de naciones como México, España, Brasil, Turquía, Catar, Noruega, Arabia Saudita, entre otras.
La iniciativa propone un conjunto de medidas legales, diplomáticas y económicas para exigir responsabilidades a Israel por presuntas violaciones al derecho internacional, incluyendo genocidio y crímenes de guerra. Entre las acciones destacadas se encuentran la suspensión de exportaciones e importaciones con fines militares hacia Israel, el rechazo al tránsito de armamento extranjero en sus puertos, la revisión de contratos públicos para evitar financiamiento indirecto a instituciones que apoyen la ocupación, el respaldo a acciones judiciales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la propuesta de un embargo energético.
Colombia y Sudáfrica enfatizaron que estas medidas no deben ser consideradas como sugerencias, sino como obligaciones derivadas de la Convención sobre el Genocidio y las resoluciones de Naciones Unidas. El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, calificó este esfuerzo multilateral como un “punto de inflexión” hacia la rendición de cuentas y la búsqueda de justicia para el pueblo palestino.
Este movimiento se produce tras la expiración del plazo de un año otorgado por la Asamblea General de la ONU para que Israel cumpliera con medidas provisionales dictadas por la CIJ, y días después de que una comisión independiente de investigación de la ONU concluyera que Israel comete actos de genocidio en Gaza.
El Grupo de La Haya busca consolidar un modelo de acción internacional frente a violaciones graves al derecho humanitario y sentar un precedente para que todos los Estados refuercen mecanismos de sanción y rendición de cuentas