La Casa Blanca y aliados de Donald Trump anunciaron una ofensiva contra lo que denominan “izquierda radical”, con investigaciones y persecuciones a organizaciones e individuos a los que acusan de promover violencia política y terrorismo doméstico. Se habla incluso de elaborar listas de “enemigos” y declarar algunos grupos como terroristas.

El gobierno responsabiliza a la izquierda por la violencia que, según ellos, provocó el asesinato del ultraderechista Charlie Kirk. Tyler Robinson, acusado del homicidio, no tiene vínculos conocidos con redes políticas; el caso ha servido como argumento para impulsar la narrativa de una “guerra contra la izquierda” y presionar a fundaciones y medios críticos.

Entre los señalados están Open Society, Fundación Ford y la revista The Nation, así como activistas que interrumpieron eventos del expresidente. La administración amenazó con revocar visas y animó a reportar simpatizantes de la izquierda en entornos laborales, mientras Stephen Miller calificó a este sector como “un vasto movimiento de terror doméstico”.

Organizaciones filantrópicas y expertos advierten que estas medidas recuerdan a episodios de represión política del pasado, desde el macartismo hasta la vigilancia de movimientos de derechos civiles y antimilitaristas. Universidades y medios han registrado despidos y censuras vinculados a estas tensiones, afectando académicos y periodistas críticos.

Exfuncionarios y analistas alertan que la narrativa de Trump y su equipo podría intensificar la polarización y erosionar derechos civiles básicos, mientras datos de la Anti-Defamation League y del propio Departamento de Justicia muestran que la mayoría de la violencia doméstica reciente proviene de grupos de ultraderecha, y no de la izquierda.