El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, advirtió que los reductores de velocidad colocados sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, frente al Congreso del Estado, no podrán retirarse sin una solicitud oficial del Poder Legislativo.

Explicó que los topes forman parte del contrato firmado por la pasada administración estatal con la constructora del nuevo recinto legislativo, por lo que eliminarlos de manera unilateral representaría un daño patrimonial. La decisión, dijo, está en manos de los diputados locales.

Los dispositivos han generado opiniones divididas: mientras automovilistas acusan que provocan congestionamientos, vecinos y peatones defienden que ayudan a reducir la velocidad y a prevenir accidentes en la transitada vialidad que conecta Los Fuertes con el bulevar 5 de Mayo.

Chedraui sostuvo que el ayuntamiento actuará con apego a la ley y recordó que la obra del Congreso costó 855 millones de pesos, lo que obliga a proteger el patrimonio público.

En paralelo, el edil descartó reforzar la seguridad personal del titular de la policía municipal, Félix Pallares, tras el atentado contra su homólogo en Amozoc. Subrayó que la coordinación con el gobierno estatal, Marina y Ejército seguirá enfocada en la protección de la ciudadanía.