La Ley Monzón, impulsada en Puebla tras el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, podría elevarse ahora a rango federal para suspender de manera inmediata la patria potestad de presuntos feminicidas y agresores por tentativa de feminicidio o violencia familiar. La propuesta fue presentada en la Cámara de Diputados por la legisladora poblana Nora Merino Escamilla, acompañada por Helena Monzón, hermana de la activista asesinada el 21 de mayo de 2022.

De acuerdo con la iniciativa, se modificarían los artículos 444 fracción VII y 325 párrafo quinto del Código Penal Federal, estableciendo que, tanto por sentencia condenatoria como por vinculación a proceso, se retire la custodia de las y los menores a los presuntos responsables. Un juez de lo familiar determinaría con quién quedarían los menores mientras se desarrolla la investigación.

Merino Escamilla subrayó que el objetivo es no esperar hasta una sentencia firme para retirar derechos a los agresores, pues existen casos en los que mantienen la patria potestad a pesar de enfrentar procesos legales. “Estamos hablando de la suspensión de patria potestad desde que hay una denuncia y una carpeta de investigación; un juez decidirá con quién estará el menor durante ese tiempo”, explicó la diputada.

Por su parte, Helena Monzón recordó que, tras el asesinato de su hermana, descubrieron que el presunto feminicida —padre del hijo de Cecilia— conservaba automáticamente todos los derechos sobre el menor, situación que evidenció un vacío legal.

“La ley no nos estaba amparando, le daba plenos derechos de patria potestad al presunto feminicida, incluso mientras seguimos esperando una sentencia condenatoria”, señaló.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad y Justicia, aunque Merino adelantó que buscará también su análisis en la Comisión de Igualdad de Género, con el respaldo de su bancada y el cabildeo con otras fracciones parlamentarias.