Tras la reciente exoneración de algunos defensores del agua en Xoxtla, Pascual Bermúdez Chantés y Renato Romero Camacho enfrentan un nuevo proceso federal. El Ministerio Público Federal solicitó a un juez imputarles cargos de daños a las vías generales de comunicación por el cierre de la autopista México-Puebla ocurrido el pasado 28 de mayo, acción que buscaba protestar contra la extracción de agua del pozo 4, utilizado por la empresa Concesiones Integrales.

La audiencia inicial se realizó este lunes 1° de septiembre bajo un intenso operativo de seguridad con presencia de la Policía estatal y la Guardia Nacional. La defensa legal, encabezada por Tonatiuh Sarabia Amador, pidió la ampliación del término procesal, por lo que el juez definirá si procede la vinculación a proceso hasta el próximo viernes. Mientras tanto, los activistas continuarán en libertad.

Este nuevo proceso se da después de que un juez exonerara a Bermúdez y a otros defensores, como Rogelio Flores y Renato Romero, de acusaciones previas por daño en propiedad ajena y despojo, presentadas también por Concesiones Integrales. En esas resoluciones, el juez determinó que los testigos presentados por el Ministerio Público carecían de autenticidad y que las imputaciones no estaban debidamente justificadas, evidenciando un patrón de denuncias dirigidas a frenar la protesta social.

El conflicto por el agua en Xoxtla tiene un trasfondo histórico: el ayuntamiento firmó acuerdos con Concesiones Integrales que permiten la extracción de agua del pozo 4, lo que ha generado movilizaciones constantes por parte de las comunidades afectadas. En agosto, habitantes de pueblos de la región de Cholula protestaron frente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), denunciando que mientras sus localidades padecen escasez, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) extrae miles de millones de litros anuales, destinados principalmente a la venta en la ciudad de Puebla.

Las comunidades han destacado que en Nealtican, Acuexcomac, Xoxtla y San Andrés Cholula funcionan pozos que concentran más del 50% del agua concesionada, mientras los ríos, norias y ameyales locales enfrentan sequía. Los defensores del agua argumentan que estos acuerdos benefician a empresas privadas en detrimento del derecho colectivo y de la gestión comunitaria del recurso hídrico.