En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, familiares agrupados en el Colectivo Voz de los Desaparecidos y en la Red de Búsqueda marcharon este viernes en Puebla para exigir justicia, avances en las investigaciones y la localización de sus seres queridos.

La movilización comenzó frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, donde los colectivos colocaron siluetas con nombres de mujeres desaparecidas y solicitaron la intervención directa de la fiscal Idamis Pastor Betancourt. En ese mismo punto instalaron un “Buzón de Paz”, con el fin de que la ciudadanía aporte de manera anónima información que ayude en las indagatorias.

Uno de los reclamos principales fue la falta de capacitación de los Ministerios Públicos, pues denunciaron que la mayoría de las carpetas de investigación presentan errores y deficiencias que dificultan su judicialización. De acuerdo con los colectivos, este rezago impide que los casos lleguen a los tribunales con bases sólidas y deja en la incertidumbre a miles de familias.

Durante la jornada, madres y padres compartieron testimonios de dolor. Una mujer recordó la desaparición de su hija Claudia Morales en 2016, en el Centro Histórico de Puebla, un caso que permanece sin avances significativos a pesar de estar en manos de la fiscalía especializada.

Posteriormente, las familias se trasladaron a Casa Aguayo para celebrar una misa en memoria de las víctimas, y avanzaron hasta el zócalo de la ciudad, donde advirtieron que la desaparición forzada en México es un fenómeno sistemático y generalizado.

María Luisa Núñez Barojas, fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos, subrayó que desde hace más de siete años busca a su hijo Juan de Dios, desaparecido en Palmar de Bravo. “Este día no debería existir, pero lo enfrentamos porque en México hay más de 130 mil personas desaparecidas. No podemos ni debemos callar”, declaró.

La marcha concluyó con un llamado a la unidad y a la acción colectiva, al considerar que solo la presión organizada de las familias puede obligar a las autoridades a ofrecer respuestas claras.