La jueza Jia Cobb, de Washington D. C. de Estados Unidos bloqueó temporalmente la política de deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados implementada por el Gobierno de Donald Trump, en un fallo emitido este viernes 29 de agosto. La decisión favorece a grupos de derechos civiles que argumentaron que la medida viola el debido proceso legal.

Esta política de expulsión inmediata, reactivada por Trump en enero, permite deportar de forma acelerada a migrantes que no puedan demostrar al menos dos años consecutivos de residencia en el país, sin necesidad de audiencia judicial. Esta medida, que ya se aplicó durante su primer mandato (2017-2021), formaba parte de la campaña de deportaciones masivas del presidente.

Jia Cobb señaló que la política “prioriza la rapidez” y que su aplicación podría derivar en deportaciones erróneas por un procedimiento “truncado”. El fallo responde a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de la organización proinmigrante Make The Road New York.

En su dictamen de 48 páginas, Cobb aclaró que no cuestiona la constitucionalidad de las deportaciones rápidas históricas aplicadas cerca de la frontera sur, sino la expansión de la medida hacia inmigrantes que viven en el interior del país y que no habían estado sujetos a este procedimiento. Según la jueza, la política vulnera la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho a un debido proceso, así como las leyes de Inmigración y de Procedimiento Administrativo.

Cobb enfatizó la gravedad de la situación: “El Gobierno argumenta que quienes ingresaron ilegalmente no tienen derecho a un debido proceso, sino que deben aceptar cualquier gracia otorgada por el Congreso. Si eso fuera correcto, no solo los inmigrantes estarían en riesgo, sino todos”.