El gobierno de Estados Unidos anunció que está revisando los registros de más de 55 millones de personas con visas vigentes para detectar posibles incumplimientos legales que podrían conducir a la revocación del visado o deportación, como parte de una política de “evaluación continua” reforzada por la administración de Donald Trump.

El Departamento de Estado amplía así su vigilancia más allá de los controles previos a la emisión del visado. Ahora, se examinan indicadores como exceder el tiempo autorizado, antecedentes penales, amenazas a la seguridad pública o vínculos con organizaciones terroristas. Si se detecta alguna irregularidad, la visa puede ser revocada incluso si la persona ya se encuentra en territorio estadounidense.

En 2024, Estados Unidos contaba con unos 12.8 millones de residentes permanentes (green card holders) y 3.6 millones de personas con visas temporales, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Expertos del ‘Migration Policy Institute’ han señalado que muchos de esos 55 millones de visados corresponden a personas fuera del país, como turistas con visas de entrada múltiple, lo que cuestiona la eficiencia de revisar a quienes pueden no regresar a Estados Unidos.
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La medida se enmarca en una escalada migratoria sin precedentes: solo este año, ya se han revocado más de 6,000 visas estudiantiles, incluidas más de 200 por presuntos vínculos con terrorismo. Este mecanismo refuerza la narrativa de seguridad nacional prioritaria de la administración, aunque sus amplios alcances también suscitan preocupaciones sobre derechos civiles y posible discurso discriminatorio.