El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) mantiene una deuda de 719 millones 455 mil pesos, pese a que el compromiso inicial establecía su liquidación en 2018, tras la concesión del organismo a la empresa Concesiones Integrales.

La deuda fue contratada en 2008 durante el gobierno de Mario Marín por más de 2 mil millones de pesos, por lo que el monto pendiente representa una reducción de 64%. Sin embargo, continúa siendo el pasivo más alto entre organismos operadores de agua en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La concesión del SOAPAP se formalizó en 2014 bajo el mandato de Rafael Moreno Valle, con la promesa de cubrir la deuda en un plazo de cuatro años y destinar recursos a infraestructura hidráulica, como plantas de tratamiento y colectores. No obstante, la meta no se cumplió y los intereses prolongaron la carga financiera.

Además de la deuda original, el Congreso local autorizó a Concesiones Integrales créditos por casi 5 mil millones de pesos, cuyo estado actual no ha sido detallado públicamente, lo que ha generado cuestionamientos de organizaciones civiles sobre la falta de rendición de cuentas y el impacto en las tarifas del agua, consideradas de las más altas del país.

En contraste, otros organismos operadores presentan cifras significativamente menores: Tuxtla Gutiérrez adeuda poco más de 14 millones, Los Cabos 7 millones y los municipios coahuilenses de Piedras Negras y Acuña apenas 2 millones cada uno.

El saldo vencido en julio de 2025 equivale aún al 32% del crédito original, lo que mantiene al SOAPAP en el centro del debate sobre el modelo de concesión y la responsabilidad financiera de los gobiernos estatales.