El proyecto para trasladar el penal de San Pedro Cholula ha provocado reacciones encontradas tanto en el ámbito político como entre la población, al representar un desafío para la administración municipal en términos de diálogo y consenso. La propuesta contempla cerrar el centro penitenciario actual, ubicado en pleno corazón del municipio, para construir uno nuevo en otra zona del mismo territorio.

De acuerdo con el gobierno local, el inmueble actual presenta condiciones inadecuadas para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Además de estar saturado, el penal se encuentra rodeado de viviendas, comercios y sitios turísticos dentro de una zona histórica, lo que representa un riesgo para la comunidad y para las personas privadas de la libertad. Es también el único reclusorio en Puebla que permanece en un centro urbano, lo que ha sido calificado como un rezago en materia de infraestructura penitenciaria.

La propuesta de reubicación contempla como nuevo destino la junta auxiliar de San Francisco Coapa, donde ya se han manifestado expresiones de rechazo por parte de habitantes que temen afectaciones sociales y en materia de seguridad. Vecinas y vecinos de la zona han pedido ser incluidos en el proceso de toma de decisiones.

Ante esta situación, el Ayuntamiento enfrenta el reto de establecer canales de diálogo con los inconformes para evitar que el proyecto se estanque. De no lograrse un acuerdo, el municipio corre el riesgo de perpetuar las condiciones precarias del actual centro de reclusión.

El futuro del penal de Cholula se perfila así como un tema de alta sensibilidad política y social. La presidenta municipal deberá conciliar las exigencias del gobierno estatal en materia de seguridad con las demandas de la ciudadanía que exige participación antes de que se defina el destino de su comunidad.