Una nueva iniciativa legislativa busca imponer penas de hasta 15 años de prisión para quienes utilicen redes sociales con el fin de reclutar personas con fines delictivos, empleando falsas ofertas de empleo o supuestos apoyos. Esta propuesta se enfoca en combatir el uso indebido de plataformas digitales para actividades ilícitas.

El objetivo principal es proteger a jóvenes y grupos vulnerables que son blanco frecuente de estas tácticas engañosas. Los legisladores proponen endurecer las sanciones para quienes promuevan, planeen o faciliten este tipo de conductas a través de medios digitales, buscando frenar su proliferación.

Además de la penalización, la iniciativa contempla fortalecer las medidas preventivas mediante campañas informativas que alerten sobre estos riesgos. Estas acciones educativas pretenden aumentar la conciencia pública y evitar que más personas caigan en redes de manipulación y explotación criminal.

El proyecto también enfatiza la importancia de una coordinación interinstitucional que permita dar seguimiento efectivo a estos casos, garantizando así una respuesta rápida y contundente por parte de las autoridades.