Un error procesal en la solicitud de información por parte del Juzgado Cuarto de Distrito dejó sin efecto la protección legal del activista Pascual Bermúdez Chantes, defensor del derecho al agua en el municipio de Xoxtla, Puebla. Bermúdez enfrenta una orden de aprehensión promovida por la empresa Concesiones Integrales, y ahora puede ser detenido en cualquier momento.

La situación fue denunciada públicamente por su esposa, Ruth Pérez Rodríguez, durante una conferencia de prensa realizada frente a los juzgados federales en San Andrés Cholula. De acuerdo con su testimonio, el juzgado federal solicitó información sobre la orden de arresto a un tribunal equivocado. La petición debía dirigirse al juez penal de la región centro poniente, pero fue enviada a otro órgano que respondió que no existía orden alguna. Con base en esa respuesta errónea, la jueza federal concluyó que la suspensión provisional del amparo había quedado sin materia y la canceló.

El equipo jurídico de Bermúdez impugnó esta decisión y exige que se restituya la medida cautelar, al considerar que la cancelación se basó en una omisión procesal que vulnera los derechos del activista. Señalan que, al eliminarse la protección legal, su cliente queda expuesto a una posible detención arbitraria.

Además, Pascual Bermúdez fue citado a comparecer el próximo 1 de septiembre en una audiencia penal junto con otro defensor comunitario, Renato Romero. Ambos enfrentan acusaciones por obstrucción de vías generales de comunicación, debido al cierre de la autopista México–Puebla durante una protesta realizada el 28 de mayo en defensa del agua.

Los activistas aseguran que fueron citados sin audiencia previa y ya figuran como imputados en la carpeta de investigación. La defensa argumenta que, en el caso de Romero, el juez desechó previamente denuncias similares por falta de elementos, por lo que piden se aplique el mismo criterio en este proceso.

También se encuentra implicado un tercer activista, Rogelio Flores, quien promovió un amparo para evitar su aprehensión. No obstante, el procedimiento está detenido a la espera de que ratifique su firma ante las autoridades.

Los señalados consideran que las denuncias en su contra carecen de sustento y son desproporcionadas. Como ejemplo, mencionan que entre los acusados se encuentra un hombre de más de 85 años, actual tesorero del comité de agua de Xoxtla, lo que —afirman— demuestra la fragilidad de los argumentos legales que sustentan el caso.