La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca facultar a la Cámara de Diputados para emitir una Ley General contra la extorsión, delito que se mantiene al alza pese a la baja en otros indicadores de violencia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que es necesario modificar el artículo 73 de la Constitución para establecer un marco legal uniforme en todo el país. Con esta reforma, las 32 entidades federativas deberán adecuar sus legislaciones locales a la nueva ley, lo que permitiría una atención más coordinada y eficaz del delito.

Sheinbaum reconoció que la extorsión representa hoy uno de los principales retos en materia de seguridad. “Es el único delito de alto impacto que no hemos podido reducir y que mantiene una tendencia al alza”, afirmó. La propuesta incluye que este delito pueda ser perseguido de oficio, es decir, sin que las víctimas tengan que presentar una denuncia directa, lo cual busca reducir riesgos y garantizar una mayor protección.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de extorsión creció un 27.7 por ciento en el último año. Ocho estados concentran el 60 por ciento de los casos: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

La iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional Antiextorsión, que contempla acciones como el uso de la línea de emergencia 089, la cancelación de líneas telefónicas involucradas en extorsiones y la creación de células de inteligencia para investigaciones especializadas. Con esta reforma, el gobierno federal busca fortalecer la respuesta institucional frente a uno de los delitos más persistentes y lesivos para la población.