El Gobierno del Estado de Puebla presentó una queja ante el Juzgado Sexto de Distrito en materia penal para impugnar la suspensión provisional concedida a Roberto Celaya, académico, periodista e investigador, quien enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de ciberasedio.

La suspensión fue otorgada por un juez federal el pasado 30 de junio, y evita temporalmente la aprehensión de Celaya mientras se resuelve el juicio de amparo que promovió contra la reforma al Código Penal local. En dicha reforma, aprobada por el Congreso del Estado el 12 de junio, se incorporaron nuevas disposiciones que sancionan con hasta tres años de prisión el acoso reiterado mediante redes sociales o plataformas digitales, con el fin de causar daño físico o emocional.

El argumento central de la defensa es que la nueva legislación podría emplearse como herramienta para limitar la libertad de expresión. En ese contexto, el juez federal consideró procedente la suspensión mientras se analiza la constitucionalidad de la norma.

Por su parte, la Consejería Jurídica del gobierno estatal solicitó revertir esta medida al considerar que obstaculiza la aplicación de la ley en casos de violencia digital. La queja fue turnada el 4 de julio al Primer Tribunal Colegiado en materia penal, que deberá resolver en los próximos días.

Roberto Celaya tramitó el amparo el 18 de junio, poco después de la entrada en vigor de la reforma. Junto a él, otras personas y colectivos han iniciado acciones legales en contra de la ley, señalando posibles violaciones a derechos fundamentales.

El Congreso local respondió a la notificación judicial el 2 de julio. Sin embargo, su presidenta, Laura Artemisa García Chávez, declaró públicamente que no tenía conocimiento de otros procesos similares relacionados con esta reforma.

Frente a las críticas, el Legislativo prepara una modificación secundaria al artículo 480 del Código Penal. Entre los ajustes que se contemplan están limitar las denuncias por parte de servidores públicos y reducir las penas establecidas, aunque la propuesta aún no ha sido formalizada.

Este caso ha abierto un debate entre los límites de la libertad de expresión y la necesidad de legislar contra el acoso digital, una discusión que sigue en curso tanto en tribunales como en el Congreso poblano.