Puebla encabeza a nivel nacional los casos de embarazo infantil, con cinco nacimientos de niñas menores de 12 años registrados en 2024, según cifras oficiales.

Activistas como Flor Cipriano, de la Red La Morada, y la psicóloga Fernanda Parra advierten que esta problemática persiste por la falta de educación sexual, el limitado acceso a servicios de salud reproductiva y la impunidad frente al abuso sexual, especialmente en zonas rurales.

A pesar de los marcos legales que prohíben el matrimonio infantil y garantizan derechos sexuales, la ausencia de aplicación efectiva expone a las menores a ser madres sin apoyo ni protección institucional.

Expertas destacan que estas situaciones afectan gravemente la salud mental de las niñas y perpetúan ciclos de pobreza, al generar deserción escolar y dependencia económica. Además, denuncian que la negación o encubrimiento del abuso por parte de familiares o comunidades obstaculiza la intervención de las autoridades.

Entre las propuestas planteadas están: la implementación de educación sexual con enfoque en derechos humanos en todos los niveles, el fortalecimiento de servicios en comunidades marginadas y la capacitación de autoridades para prevenir y atender los casos.

También se insiste en garantizar atención postparto con enfoque integral que permita a las niñas continuar sus estudios y reconstruir su proyecto de vida.