La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suscribió un contrato por más de 500 millones de pesos con Ecocarburante SA de CV, firma implicada en una red vinculada al auto suministro ilegal de combustible y lavado de dinero, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Ecocarburante, señalada por sus conexiones con empresas acusadas de huachicol fiscal, como Impulsora de Productos Sustentables y Mefra Fletes, y con figuras involucradas en crímenes contra la Hacienda Pública, fue contratada por Sedena en 2020 para proporcionar diésel al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). A pesar de reportes de retrasos y fallas en tiempo y forma, Sedena adjudicó un segundo contrato directo a la misma firma.

La primera adjudicación ascendió a 496 millones de pesos por 27 millones de litros de diésel ultrabajo en azufre, mientras que el segundo acuerdo contempló suministros mensuales de hasta 180 000 litros, por alrededor de 12 millones de pesos adicionales.

Reportes oficiales y documentos internos de Sedena, citados por MCCI y medios como Expansión Política, evidencian que Ecocarburante no cumplió con los plazos previstos, provocando desabasto que retrajo los avances en las obras del AIFA. No obstante, la dependencia optó por mantener la relación comercial.

Ecocarburante está dirigida por Eric Daniel Zamora Delgadillo, quien ha sido identificado como socio de empresas investigadas por presunto lavado de dinero y huachicol fiscal, e incluso vinculadas con el narco, según registros de la OFAC de Estados Unidos. Además, estas compañías mantienen nexos societarios con multinacionales del sector energético, como Vitol y Valero, usadas para legalizar la cadena del combustible ilícito.

La decisión de Sedena de renovar el vínculo con Ecocarburante pese a sus presuntos vínculos criminales plantea cuestionamientos sobre los criterios de contratación en obras clave del Estado, y pone en evidencia un posible debilitamiento de los controles internos. Este caso se suma a otros recientes relacionados con huachicol fiscal en aeropuertos y dependencias de gobierno, lo que genera preocupación en organismos civiles y comunidades académicas sobre transparencia y Estado de derecho.