La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, confirmó que la reforma al artículo 480 del Código Penal de Puebla incluirá modificaciones clave para evitar que funcionarios públicos puedan ser considerados víctimas de ciberasedio. La intención, subrayó, es blindar el derecho a la libre expresión y evitar que la legislación sea utilizada como una herramienta de censura.

Durante una entrevista posterior a su participación en los foros de consulta ciudadana sobre esta reforma, García Chávez explicó que se ha escuchado la preocupación de colectivos, periodistas y organizaciones civiles, quienes advirtieron sobre los riesgos de que el delito de ciberasedio pudiera ser invocado por autoridades como un mecanismo para silenciar críticas legítimas.

“Se trata de proteger a quienes realmente sufren violencia digital, sin convertir la ley en un escudo para el poder”, puntualizó.

El artículo 480, recientemente reformado para incluir delitos relacionados con tecnologías de la información, ha generado un intenso debate público por su alcance. Si bien la norma contempla sanciones por hostigamiento digital, usurpación de identidad y difusión no autorizada de datos personales, la inclusión de figuras públicas como potenciales víctimas encendió las alertas entre defensores de derechos humanos y de la prensa.

García Chávez adelantó que, una vez concluidos los foros de consulta el próximo 1 de julio, se instalarán mesas técnicas de trabajo legislativo para revisar y ajustar el dictamen. La meta es que el pleno del Congreso vote la versión final de la reforma antes del 15 de julio, garantizando un marco legal que combata la violencia digital sin coartar libertades fundamentales.

La legisladora reiteró que la reforma busca equilibrar el combate a nuevas formas de violencia en línea, como el ciberacoso y el grooming, con el respeto irrestricto a la libertad de prensa, la crítica política y la participación ciudadana en entornos digitales. “No podemos permitir que una herramienta pensada para proteger se convierta en una trampa contra la voz de la sociedad”, concluyó.