Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución, con el fin de despenalizar el consumo, producción, comercialización y tráfico de sustancias psicoactivas. La propuesta busca sustituir el enfoque penal por uno regulatorio y recaudatorio, permitiendo que el Congreso aplique Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y IVA en este mercado.

Según la diputada Laura Ballesteros, este cambio tiene como propósito “quitarle una de sus principales fuentes de ingresos al crimen organizado”, al tiempo que se genera una recaudación estimada en más de un billón 113 600 millones de pesos anuales, cantidad equivalente al 12 % del presupuesto federal . Los recursos podrían destinarse a la salud y seguridad pública.

La iniciativa plantea emitir un Plan Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, y en un plazo de 365 días, el Congreso deberá ajustar la legislación fiscal y penal, mientras que los parlamentos locales tendrán un periodo similar para armonizar sus normativas . Además, se contempla llevar a cabo ejercicios de parlamento abierto para garantizar la participación ciudadana.

El discurso de la diputada Ballesteros critica el enfoque prohibicionista vigente, señalando que este ha desencadenado mercados negros y violencia, sin reducir el consumo de sustancias. La nueva estrategia regulatoria pretende reducir riesgos para los consumidores, garantizar control sanitario y desincentivar a los grupos delictivos

Enfoques similares, como la regulación del cannabis en estados de EE. UU. y Uruguay, muestran avances en recaudación y salud pública, según defensores de la iniciativa. El debate en torno al cambio de paradigma en la política de drogas en México, que pasa de lo punitivo a lo sanitario y fiscal, apenas comienza en las comisiones legislativas, con amplio interés social y político.