Ya era hora de que alguien le pusiera nombre y apellido al robo hormiga más elegante del país: el huachicoleo fiscal. Porque si el huachicol clásico huele a gasolina rancia, el fiscal apesta a corrupción refinada, a traje de lino, a despacho en Polanco y a auditorías maquilladas con Chanel.

Esta semana, la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro —quien no sólo carga con un apellido digno de campaña sino con una retórica de bulldozer— anunció que su dependencia irá “con todo” contra el huachicoleo fiscal. Una frase que, si uno tuviera cinco pesos por cada vez que un funcionario la ha pronunciado, ya podría exportar hidrocarburos desde su cochera.

Y es que, según Buenrostro, la instrucción presidencial es clara: cero tolerancia. (Insertar aquí risas grabadas). Pero vamos a tomarle la palabra, porque esta vez la bomba mediática viene con coordenadas específicas: la auditoría AU-47/2025, revelada por El Universal, puso el dedo en la aduana de Tuxpan, Veracruz, donde ciertos funcionarios de Pemex olvidaron convenientemente ingresar información de importaciones y exportaciones de hidrocarburos en el Mecanismo de Selección Automatizada. O lo que es lo mismo: abrieron la puerta trasera para que los tambos de petróleo pasaran sin hacer fila, sin pagar impuestos, y probablemente, sin que nadie en la cúspide se diera por enterado. O eso dicen.

Lo más sabroso del caso es que la auditoría la hizo Pemex, como si El Chapo auditara su propio túnel. Pero la Secretaría de Buen Gobierno (gran oxímoron, por cierto) dice que tomará cartas en el asunto cuando “el proceso avance”. Ya veremos si avanza como investigación o como simulacro.

¿Qué es el huachicoleo fiscal?

No es un nuevo cocktail de la 4T, aunque tiene los mismos efectos embriagantes en las arcas públicas. El huachicoleo fiscal consiste en manipular, falsear u omitir información aduanera —en especial relacionada con combustibles— para evadir impuestos. Se hace desde dentro, con conocimiento técnico, códigos digitales, y complicidades estratégicas.

En 2023, el SAT reveló que al menos 43 empresas factureras relacionadas con importación de combustibles simulaban operaciones por más de 30 mil millones de pesos. No es robo a la Nación. Es saqueo con facturas.

¿Y Puebla? ¡Presente!

Puebla no se queda atrás. El ducto Tuxpan–Azcapotzalco, que atraviesa el estado, ha sido históricamente un punto caliente para el robo de combustible. Pero no todo se hace con bidones en la madrugada: también se hace desde oficinas administrativas.

La red de facturación falsa ha salpicado a empresas poblanas con actividades sospechosamente lucrativas en el rubro energético. En 2021, la UIF congeló cuentas a compañías con sede en Tehuacán y San Martín Texmelucan por presunto lavado de dinero derivado de operaciones de importación de diésel sin pagar los debidos tributos. ¿Casualidad o coincidencia? Más bien, patrón.

El discurso suena bien. Buenrostro promete ir “con todo”. Pero eso lo hemos oído con Lozoya, con Bartlett, con la estafa maestra, con el Insabi. Lo cierto es que en este país, a la corrupción se le grita fuerte pero se le castiga suave. Como si nos diera miedo meter a la cárcel a alguien con corbata.

Mientras tanto, el huachicol fiscal sigue: invisible, técnico, digital. Pero con consecuencias tan letales como cualquier fuga en un ducto: dinero que no llega a escuelas, hospitales o seguridad, y que en cambio termina en las cuentas de los que juraron erradicarlo.

Raquel dice que no dejará nada sin investigar. Ojalá. Porque México ya no aguanta otro escándalo con promesas recicladas.

@Gerardo_Herrer

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