Si hace falta un ejemplo más de por qué es necesaria –y urgente– hacer efectiva la reforma judicial, aquí les traigo uno: el caso Melgarejo. Les cuento por qué.

En 2008, durante el gobierno del entonces gobernador Mario Marín Torres, se entregó a la empresa Melgarejo Construcciones y Concesiones S.A. de C.V. una concesión para construir el Libramiento Poniente de Puebla, una obra que prometía desahogar el tránsito en la capital. El contrato estipulaba que las obras debían arrancar el 7 de marzo de 2008, pero no pasó nada. Ni un metro de camino, ni una sola piedra removida. Nada.

En 2012, ya bajo la administración de Rafael Moreno Valle, se les revocó la concesión por incumplimiento. Hasta ahí, todo lógico. Pero lo insólito vino después: la empresa, encabezada por Javier Eduardo Melgarejo Haddad, demandó al Estado por “daño patrimonial”, como si el fracaso fuera del gobierno y no de ellos. ¿La cantidad exigida? Entre 998 millones y 2 mil 200 millones de pesos. Y lo más escandaloso: un tribunal administrativo local les dio la razón.

Sí, leyó bien. Un Tribunal de Justicia Administrativa dictaminó que el gobierno de Puebla debe indemnizar a Melgarejo… ¡por una obra que jamás se realizó! El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, lo dijo con todas sus letras: “No invirtieron un solo bulto de cemento”. Aún así, están dispuestos a “negociar” y “bajar” la deuda a pagos cómodos. Una burla.

Este desgarriate jurídico no es un caso aislado. Es el síntoma más claro de cómo un aparato judicial torcido sirve a intereses económicos y no al pueblo. Los magistrados que debieron defender al erario y al interés público, fallaron a favor del contratista incumplido. Así, sin empacho, se está intentando obligar al actual gobierno a desembolsar una fortuna del tamaño de varios hospitales, universidades o puentes reales. Por nada.

Por eso, cobra vital importancia la propuesta de elección popular de jueces y magistrados. Porque los actuales, muchos de ellos designados por cuotas y cuates, terminan convirtiendo la justicia en una moneda de cambio. Tuercen la ley a conveniencia y olvidan su razón de ser: impartir justicia, no premiar fraudes.

Claro, elegir a los jueces no es la panacea. Pero es un inicio. Un primer paso para quitarle el control del Poder Judicial a las élites y devolverlo a la ciudadanía. Eso sí, no se trata de cambiar nombres nada más: debe acompañarse de filtros éticos, revisiones de trayectoria y perfiles probos. De lo contrario, podríamos pasar de los magistrados a modo… a los jueces de campaña.

El caso Melgarejo es una advertencia con luces rojas: si no reformamos el sistema judicial desde las raíces, seguiremos viendo cómo empresas incumplidas se enriquecen con aval de jueces cómplices, mientras el pueblo paga la cuenta. Porque aquí, como decía Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”, pero parece que algunos jueces ni lo han leído, ni les interesa.

Por Gerardo Herrera

@Gerardo_Herrer

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Editora: Socorro Juárez