Por primera vez en la historia de México —y en un hecho sin precedente mundial— la ciudadanía será llamada a elegir, mediante voto libre y directo, a quienes impartirán justicia desde las más altas esferas del Poder Judicial Federal. No hablamos de legisladores ni de representantes populares; se trata de magistradas, magistrados, juezas y jueces cuya misión será no agradar al pueblo, sino garantizar que la ley se aplique por igual a todos, sin filias ni fobias, sin deberle nada a nadie. México experimenta, por decirlo con todas sus letras, una auténtica revolución en las entrañas de su sistema de justicia.

En Puebla, el desafío es mayúsculo: se renovarán 9 magistraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 5 del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, 2 de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 3 de la Sala Regional con sede en la CDMX, 17 cargos en Tribunales Colegiados de Circuito y Apelación, y 13 jueces de Distrito. Un total de 49 cargos en juego, y 5 millones de poblanos con credencial en mano tienen la oportunidad inédita de incidir directamente en la conformación del aparato de justicia del país. Una oportunidad, claro, que aún no ha sido asumida con la fuerza que merece.

El INE, convertido ahora en arquitecto de este nuevo andamiaje electoral, tiene la tarea titánica de organizar elecciones judiciales federales y locales, al mismo tiempo, en más de la mitad del país. Lo hace bajo la sombra de un recorte presupuestal aprobado por el Congreso —ese Congreso que a veces legisla con lupa y otras veces con machete— y con apenas meses para montar un proceso electoral tan complejo como sensible. ¿La apuesta? Un modelo innovador que garantice equidad y transparencia, aun cuando el reloj corra en su contra.

Este proceso es, sin duda, una especie de ensayo general con público, un experimento en democracia radical que no tiene precedente ni réplica en el mundo. En otros países, los jueces son designados por órganos colegiados, por el Ejecutivo o incluso por recomendación de otros jueces. México se lanza, en cambio, a la piscina sin saber con certeza si hay agua suficiente. Y, sin embargo, el valor del salto es incuestionable: nunca más —al menos en el papel— un juez por dedazo, por compadrazgo, por el beso del padrino político.

Una de las grandes virtudes de este proceso ha sido el filtro técnico que se aplicó a quienes aspiran a la toga: experiencia comprobable, formación jurídica robusta, y expedientes revisados con lupa. Los candidatos y candidatas que llegaron hasta aquí ya pasaron por una suerte de tamiz profesional, lo cual nos permite imaginar un escenario —optimista, pero no ingenuo— en el que el mérito y no la palanca determine quién juzga a México.

Claro está, no todo es celebración. Hay una piedra enorme en el camino: el desconocimiento ciudadano. La gran paradoja es que mientras la justicia se abre por primera vez a la voluntad popular, la mayoría de esa misma población aún no dimensiona el poder de su decisión. ¿Cómo votar por alguien que no se conoce? ¿Cómo entender la importancia de un tribunal cuando lo más cercano a la justicia para muchos ha sido la impunidad? El riesgo de una baja participación es real y preocupante.

Y es aquí donde no puedo dejar de lanzar una advertencia. Si en una elección presidencial —como la de 2024— apenas se logró una participación del 60% del padrón electoral, ¿qué podemos esperar en una contienda donde no hay partidos, ni colores, ni jingles pegajosos, ni campañas millonarias? Mi apuesta, con todo el pesar, es que no llegaremos ni al 15%. Ojalá me equivoque. Porque esta vez, en las seis boletas que tendremos al acudir a la urna, no habrá partidos ni logos ni slogans: sólo nombres, en orden alfabético, como si se tratara de un directorio judicial. Y la ciudadanía deberá, por su cuenta, conocer al menos a una o uno de los candidatos que aspiran a juzgarnos.

La exposición mediática será mínima. Las reglas del juego son claras y brutales: nada de spots en radio o televisión, nada de mítines estrafalarios. Tendrán que caminar, volantear, hablarle al oído al ciudadano con creatividad y honestidad. Redes sociales, cafés, plazas y, sobre todo, no tener “cola que les pisen”. Austeridad al límite, pero con equidad. Una competencia en la que ganará quien sepa hacerse notar sin contaminarse.

Como decía Sor Juana, “el mayor desengaño es confiar en la esperanza”. Y sin embargo, aquí estamos, esperanzados de que este primer ejercicio nos devuelva la fe en una justicia que no sólo se dicte, sino que se elija con responsabilidad.

Porque al final, como reza el viejo refrán: “El que no oye consejo, no llega a viejo”… y si no votamos con conciencia, la justicia que llegue tampoco llegará muy lejos.

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Por Gerardo Herrera

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Editora: Socorro Juárez