En una década, el camino de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos se enfila a encontrar la oportunidad de evitar vicios y, sobre todo, la politización de la justicia. De acuerdo con los familiares, se abre la oportunidad para acabar con la impunidad en el caso.

Esta impunidad fue el resultado de una situación estructural y de decisiones políticas a largo del tiempo. Ahora, le apuestan a decisiones técnicas y profesionales para tener mayores indicios del paradero de los estudiantes desaparecidos. Esa es una de las peticiones que traen bajo el brazo.

Lo que ya no quieren es que la fiscalía tenga un uso faccioso y político. La segunda reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum abre la oportunidad de expresar que se privilegie el desarrollo de capacidades de investigación científicas y no apegadas al poder, ya que la relación entre el gobierno y los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos comienza a reestructurarse.

Hasta el momento, solo dos personajes son señalados, Jesús Murillo Karam, exprocurador y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de tortura, desaparición forzada y coacción de servidores públicos. A final de cuentas los resultados del gobierno resultaron magros.

El último año del sexenio pasado cuando se declaró la ruptura. En el libro “¡Gracias!”, López Obrador afirma que el caso Ayotzinapa “nunca se va a cerrar”. Versión que retomó en su mañanera del 15 de febrero al reclamar que los padres y sus asesores habían politizado el tema en lugar de ayudar a resolverlo.

Sin embargo, el principal protagonista Ángel Aguirre, exgobernador perredista, sigue siendo la pieza clave. Y su silencio es abrumador y siempre se mantuvo funesto. Aunque ello, vuelva a propiciar cambios en investigaciones y giros inesperados en un caso que se mantienen con la herida purulenta.

Y es que es necesario para retomar la investigación el recopilar las evidencias que obran en los expedientes judiciales para corroborar la participación directa de la policía estatal, dependiente del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, así como de la dirección estatal de protección civil, las cuales convirtieron esa madrugada de septiembre de 2014 en una cacería humana de los estudiantes de la escuela Normal Superior Isidro Burgos.

Si se ajusta el análisis de la investigación de Iguala-Ayotzinapa solo a los hechos, la responsabilidad del asesinato de los 43 normalistas fue del PRD. Lo demás se volvió un enredo histórico.

El punto de regresar al tema estatal es vital. La investigación debe regresar al origen no a lo que creció y enredo, en ese momento, la oposición. Quizá no den resultados, pero el reactivar las búsquedas locales para dar con el paradero de los estudiantes les da un aliciente a los familiares de los 43.

Hasta el momento, ya puso en marcha la operación a favor de Morena y darle al colectivo oxígeno desde una esfera de poder. Aunque se corre el riesgo de tener una interlocutora con muchas debilidades políticas y fragilidad en la negociación.

@imendozape

Editor: Fabián Sánchez