La reciente propuesta de reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca prohibir que familiares cercanos de gobernantes salientes asuman cargos públicos, ha reabierto el debate sobre el nepotismo y el fortalecimiento institucional en el país. En un contexto donde el 35% de los municipios mexicanos ha sido gobernado por clanes familiares en las últimas dos décadas, esta iniciativa se presenta como una apuesta por renovar la confianza ciudadana en las instituciones locales y promover una democracia más auténtica y participativa.

La tesis oficial sostiene que el nepotismo en los gobiernos locales no solo perpetúa prácticas corruptas, sino que también debilita la competencia electoral y erosiona la confianza pública. La presidenta Sheinbaum ha argumentado que esta medida permitirá romper con los círculos de poder que obstaculizan la profesionalización y eficiencia de la administración pública. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2023 más de 300 municipios reportaron casos de sucesiones familiares directas en el poder, lo que refleja una práctica extendida que requiere intervención.

Este fenómeno tiene raíces profundas en la historia política mexicana. El sistema político nacional ha mantenido una inclinación hacia el derecho de sangre, lo que ha permitido que las élites políticas se perpetúen a través de generaciones. La existencia de clanes familiares como los Elías, los Cárdenas o los Salinas evidencia cómo la estructura política ha funcionado más como una monarquía informal que como una república democrática.

Sin embargo, la antítesis crítica señala que la reforma podría afectar el derecho ciudadano a elegir libremente a sus representantes, al imponer restricciones basadas en vínculos familiares más que en méritos o propuestas. Politólogos como Steven Levitsky han advertido que las reformas que restringen las candidaturas, aunque bien intencionadas, pueden tener efectos contraproducentes si no se acompañan de mecanismos que incentiven la participación y la formación de nuevos liderazgos.

Además, el proceso de reclutamiento político en México ha dependido en gran medida de las reglas informales. Las universidades, la burocracia y las camarillas han sido fuentes clave de nuevos liderazgos. La falta de mecanismos que garanticen un acceso equitativo al poder ha perpetuado una élite política hereditaria, consolidando prácticas de nepotismo a lo largo del tiempo.

La lucha contra el nepotismo no es exclusiva de México. Países como Filipinas e India han enfrentado desafíos similares, donde clanes familiares controlan gobiernos locales durante generaciones. En Filipinas, la implementación de la Ley de Dinastías Políticas en 2016 buscó limitar estas prácticas mediante restricciones de parentesco, pero su aplicación ha sido desigual debido a la resistencia de las élites locales. Por otro lado, Brasil ha avanzado con mecanismos de control ciudadano, fortaleciendo los consejos municipales y promoviendo la participación directa de la sociedad en el seguimiento de las políticas públicas.

La reforma propuesta representa un intento por desmontar estructuras de poder heredadas que afectan el funcionamiento institucional. No obstante, para que esta medida no se convierta en una mera declaración simbólica, debe complementarse con estrategias de fortalecimiento institucional y fomento a la participación ciudadana. Es decir, empoderar a la ciudadanía para que asuma un papel más activo en la vigilancia y evaluación del desempeño gubernamental. Como dijera Tocqueville, “el bienestar de una sociedad democrática depende de la calidad de su vida asociativa”.

Además, es necesario comprender que las camarillas políticas actúan como grupos de poder que no necesariamente dependen de vínculos familiares, sino de lealtades personales y redes de influencia construidas desde la juventud. Por tanto, una reforma efectiva debe contemplar también mecanismos de transparencia que impidan la consolidación de estas estructuras informales.

Si la reforma se implementa con mecanismos claros de seguimiento y evaluación, se fortalecerá la competitividad electoral y la confianza ciudadana en las instituciones. Sin embargo, si las élites locales encuentran vacíos legales, podrían perpetuar las prácticas nepotistas bajo otras formas, lo que socavaría el objetivo central de la reforma.

La verdadera batalla no es solo contra el nepotismo, sino por la consolidación de instituciones sólidas capaces de resistir las presiones de intereses particulares.

@ricardommz07

Editor: Fabián Sánchez