A consulta, propuesta de castración química a violadores
El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, tuvo una reunión con diputadas y diputados del Congreso local, después de la cual reveló que entre febrero y marzo comenzarán los foros de consulta ciudadana sobre la reforma que propone la inhibición sexual- o castración química- como un castigo para violadores.
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“Vamos a iniciar con los foros, les pedimos a los diputados y las diputadas que podamos impulsar y dar voz a las ciudadanas y ciudadanos con el tema de la iniciativa de inhibición sexual”, señaló.
Dijo que la intención de estos foros es que “sea Puebla quien decida qué se hace”. Aclaró que, si bien el gobernador Alejandro Armenta planteó esta iniciativa, formalmente la presentará al Congreso local.
Cabe recordar que el mandatario ha defendido esta propuesta, e incluso afirmó, en noviembre de 2024, que estos procedimientos se aplican en España, en la India, en Australia, en Reino Unido, en Estados Unidos, Rusia, Polonia.
En la reunión, José Luis García propuso impulsar la iniciativa para que en el Congreso exista la figura de diputado migrante. Además, habrá otra sobre el control de las motocicletas, pues algunos hechos delictivos han involucrado a personas a bordo de estos vehículos.
El funcionario indicó que acudió al Congreso local para lograr trabajar en coordinación con el gobierno de Alejandro Armenta. Acudió con titulares de las secretarías de Bienestar, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, quienes presentaron los programas sociales que implementarán, a fin de que las y los diputados los promuevan en sus distritos.
Buscan alargar antigüedad del transporte público
De igual forma, dio a conocer que impulsarán una reforma en materia de la Revista Vehicular que planea hacer la Secretaría de Movilidad y Transporte, a cargo de Silvia Tanús. “Vamos a presentar otra iniciativa los próximos días para el ordenamiento del transporte público”, añadió.
Indicó que pretenden ampliar a 10 años el periodo de antigüedad máxima de las unidades del transporte público. Comentó que actualmente se imponen siete años, pero buscan alargar el plazo a fin de no colapsar el transporte.
Esto, porque si se cumpliera al pie de la letra los siete años un gran porcentaje de unidades dejarían de circular en el estado.
