Corrupción en Infonavit afectó a derechohabientes en Puebla
En Puebla, se involucró de forma irregular, a 10 mil 577 derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en juicios masivos, para quitarles las viviendas que habían adquirido.
Así lo revelaron cifras mostradas por el titular del instituto, Octavio Romero, durante la mañanera de este lunes, quien destacó que a través de distintos despachos jurídicos, se litigaban presuntos incumplimientos en los créditos.
En la conferencia, detalló que había dos anomalías en estos procesos: la primera, se incluía a personas que estaban al corriente en sus pagos y la segunda, los expedientes sumaban a personas que estaban fuera de las demarcaciones donde se iniciaban los juicios.
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Lo anterior, explicó, hacía que las personas no fueran notificadas y se tomaba como un acto de rebeldía, que hacía avanzar y en ocasiones, ganar a las compañías; pero al final, las viviendas no podían escriturarse y quedaban en un limbo legal.
Las cifras mostraron que en el caso de Puebla, sólo 156 (1.47%) de los demandados tenían residencia en el estado y el resto, 10 mil 421, pertenecían a otras demarcaciones.
Esta práctica se extendió por todo el país y de acuerdo con el Infonavit, los casos más graves, además de Puebla, se ubicaron en el Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Aguascalientes, Baja California Sur y Zacatecas.
Juicio en la CDMX afectaba a más de 6 mil poblanos
Octavio Romero recordó que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se suspendieron todos los juicios masivos; sin embargo, nueve despachos simularon juicios individuales con la misma estrategia de los masivos.
Indicó que se iniciaron más de 63 mil juicios que entraron al Juzgado 60 de lo Civil en la Ciudad de México, donde también hubo derechohabientes de Puebla que resultaron afectados.
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Refirió que en este juzgado, 6 mil 515 casos eran de la entidad poblana, 6 mil 359 eran del Estado de México y 5 mil 964 eran de Tamaulipas.
Apuntó que este proceso legal se logró detener en noviembre de 2024 y con ello, se evitó que las familias involucradas resultaran afectadas.
Editora: Socorro Juárez
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