En Puebla, las carreteras concesionadas a empresas privadas han dejado una estela de descontento, desconfianza y, en el peor de los casos, inseguridad.

El reciente multiasalto del 21 de enero de 2025 en la Vía Atlixcáyotl no es más que otro recordatorio de los riesgos que los usuarios enfrentan a diario en una autopista que, a pesar de los elevados costos de peaje, carece de condiciones mínimas de seguridad y mantenimiento.

Ante este panorama, ciudadanos hartos han convocado a una protesta en la caseta de Atlixco este domingo 28 de enero, exigiendo a Pinfra (Promotora y Operadora de Infraestructura), la concesionaria de esta vía desde 2003, medidas inmediatas para garantizar una carretera segura y funcional.

La situación es indignante y no exclusiva de esta autopista.

Las concesiones carreteras en México son un negocio redondo para las empresas privadas, que durante décadas explotan estas vías sin regulación adecuada, sin supervisión efectiva y, en muchos casos, sin ofrecer un servicio de calidad.

A pesar de cobrar tarifas exorbitantes, muchas veces el mantenimiento es deficiente, los servicios sanitarios inexistentes y la seguridad, un lujo que los automovilistas solo pueden soñar. ¿Hasta cuándo permitiremos que las empresas concesionarias se beneficien a costa del bolsillo y la seguridad de los ciudadanos?

No es la primera vez que los poblanos enfrentan los estragos de decisiones cuestionables en materia de infraestructura vial.

Ahí está el caso del segundo piso de la autopista México-Puebla, construido durante el sexenio de Rafael Moreno Valle (2011-2017) y otorgado en concesión a la empresa española OHL (hoy Aleatica). Este proyecto, iniciado en 2012, fue promovido como una obra de modernización, pero se convirtió en un pesado lastre económico para los poblanos, quienes continúan pagando cuotas desproporcionadas mientras las ganancias se fugan al extranjero.

En aquel momento, las negociaciones y contratos estuvieron encabezados por Gerardo Ruiz Esparza, entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y el propio Moreno Valle, quienes defendieron la concesión como un modelo de eficiencia y progreso.

La protesta de este domingo en la caseta de Atlixco es un grito de hartazgo que no puede ser ignorado. Los ciudadanos exigen seguridad privada, ambulancias, servicios sanitarios y una reducción en las tarifas de peaje si estas demandas no se cumplen.

Más importante aún, exigen que el gobierno haga su trabajo: regular, supervisar y, si es necesario, revocar las concesiones a empresas que han demostrado su incapacidad para cumplir con las obligaciones básicas.

El abuso en las concesiones carreteras es un reflejo de un sistema que prioriza los intereses privados por encima del bienestar público.

Es hora de que las autoridades revisen las condiciones en las que se otorgaron estos permisos, investiguen posibles irregularidades y actúen en consecuencia. La ley debe aplicarse de manera enérgica, y si las concesionarias no están dispuestas a garantizar un servicio digno, entonces es momento de considerar seriamente la revocación de estas concesiones.

Los poblanos no pueden seguir pagando con su seguridad y su dinero los caprichos de un modelo que los ha dejado vulnerables y olvidados.

El llamado es claro: basta de abusos, basta de omisiones. Que la protesta de este domingo sea el inicio de un cambio real, donde las carreteras no sean solo un medio para transitar, sino también un ejemplo de justicia y equidad para quienes las usan a diario.

X: @Gerardo_Herrer

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Editora: Socorro Juárez