En Puebla, migrantes acceden de forma limitada a derechos como la educación, la salud y el empleo, ya que 65% de las personas señalan haber sido discriminadas, y sólo el 30% de refugiadas tienen acceso regular a los servicios de salud.

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De acuerdo con el artículo “Xenofobia, Aporofobia y Discriminación: Desafíos y Soluciones para Migrantes y Refugiados en Puebla, México”, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se requieren acciones gubernamentales que permitan el acceso a la salud, trabajo y educación sin discriminación y con respeto a los derechos humanos.

El texto, que forma parte del “Reporte en migración. Agenda Migrante Puebla del Observatorio Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes-Puebla”, comparte la experiencia de Francisco Rodríguez Vara, trabajador humanitario y Responsable Legal del Programa Casa Refugiados en Puebla.

En el documento se señala que se debe mejorar e incrementar los albergues para recibir a las y los migrantes, así como capacitar a su personal, pues en ocasiones algunos de estos lugares son ocupados por hasta 120 personas, aunque su capacidad sea para 40.

También recomendaron implementar programas de sensibilización y educación para combatir la xenofobia y aporofobia -que es el rechazo a las personas pobres o desfavorecidas-, así como la discriminación.

“La persona que está solicitando ayuda o acceso a derechos en una oficina gubernamental salió de su país probablemente con lo primero que encontró para huir y no regresar jamás debido a algún conflicto violento o político”.

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Desde la perspectiva del autor, la respuesta gubernamental ha sido insuficiente y la falta de documentos es el principal problema, pues las y los migrantes también se enfrentan a servidores públicos sin capacitación,

“Sin documentación oficial, no pueden acceder a servicios básicos ni participar en la vida cívica. Esto los deja en una situación de extrema vulnerabilidad y exclusión, agravada por la discriminación y los prejuicios que enfrentan en su vida diaria”.

En la entidad poblana, la población migrante se enfrenta a empleos informales y poco remunerados, lo que la convierte en “carnada” para la trata de personas, grupos delincuenciales o explotación laboral.

De igual forma, menos del 20% de la población migrante pertenece a un empleo formal por la falta de permisos para laborar o documentación oficial.

Gobernador anuncia medidas

A estas problemáticas de la población migrante en Puebla se suman las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las cuales declara emergencia nacional en la frontera.

De igual forma, ordenó “sellar” la frontera sur con el pretexto de detener el flujo de drogas ilícitas y la delincuencia organizada. Incluso, designó a los cárteles u otras organizaciones delincuenciales como terroristas.

Además, puso fin a una vía aérea con la que el expresidente Joe Biden permitió el cruce ordenado de migrantes de Centroamérica y el Caribe.

Por ello, el pasado 21 de enero, el gobernador Alejandro Armenta reiteró que el estado está preparado para recibir a los migrantes poblanos que sean regresados por el gobierno estadounidense, incluso comentó que existen 3 mil plazas laborales en la iniciativa privada y pública.

“Nosotros estamos considerando una renta anual, aún no podemos hacer una proyección numérica porque necesitamos saber la dimensión que una decisión unilateral podría tener por el gobierno de Estados Unidos, pero va de la mano de la visión de nuestra presidenta que le ocupa el tema de la vivienda y la educación”, indicó.

Editor: Fabián Sánchez