El tiempo no se detiene, y mucho menos para aquellos que ocupan cargos públicos con periodos claramente definidos.

El próximo 20 de diciembre, el Congreso del Estado dará paso a la renovación de los consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Sin embargo, en lugar de asumir el cierre de un ciclo con profesionalismo, algunos de ellos parecen decididos a aferrarse al cargo como si fuese una extensión de su identidad, como si la institución les perteneciera.

Lo que debería ser un proceso de transición natural se ha convertido en un despliegue de resistencia que raya en lo absurdo. En lugar de contribuir al fortalecimiento de la Comisión, han optado por estrategias de desgaste, filtrando información -privada y sensible- con el único propósito de debilitar a la presidenta recién nombrada.

Este tipo de prácticas no solo exhibe un profundo desprecio por la transparencia, sino que plantea preguntas incómodas sobre los intereses que realmente defienden. ¿Qué es lo que buscan proteger? ¿Qué verdades intentan ocultar?

Particularmente llamativa es su oposición a la propuesta de contratar un despacho externo para auditar la situación interna de la Comisión.

En cualquier institución comprometida con los principios democráticos, una auditoría externa sería bienvenida como un ejercicio de rendición de cuentas.

Sin embargo, para estos consejeros, la idea parece insoportable. Quizás temen lo que una revisión imparcial podría revelar: errores, omisiones o, peor aún, prácticas contrarias a los principios que deberían regir un organismo autónomo.

Hay una actitud profundamente anacrónica en la forma en que estos consejeros entienden su papel. Se comportan como si fueran indispensables, como si la Comisión dependiera exclusivamente de ellos para funcionar.

Este enfoque no solo es equivocado, sino peligroso, porque convierte una institución que debería ser un bastión de justicia, en un escenario para egos inflados y luchas de poder.

La renovación de los consejeros no es un capricho político ni un ataque personal, aunque algunos lo interpreten así.

Es, simplemente, el cumplimiento de un mandato legal y una oportunidad para que nuevas ideas y perspectivas refresquen una institución que, como todas, debe evolucionar para mantenerse relevante.

Resistirse a este proceso es atentar contra la esencia misma de la autonomía que tanto dicen defender.

Puebla ha sido, históricamente, un terreno fértil para los cambios.

Desde las batallas que definieron nuestra identidad hasta los movimientos que reconfiguraron nuestras instituciones, hemos aprendido que la transformación es inevitable y, a menudo, necesaria.

Los consejeros actuales harían bien en recordar que las instituciones trascienden a las personas. Nadie es eterno, y mucho menos en un cargo público.

Persistir en el camino de la opacidad y el enfrentamiento no les garantizará permanecer en el puesto, pero sí asegurará que la historia los recuerde por lo que intentaron impedir, no por lo que lograron construir.

La CDH y cualquier institución merecen más que eso. Merece transparencia, compromiso y una dirección que no esté secuestrada por intereses personales.

El tiempo de estos consejeros ha concluido. Reconocerlo no debería ser motivo de enfrentamiento, sino un acto de madurez política. Pero, por lo visto, para algunos, ese paso sigue siendo demasiado difícil de dar.

Por Gerardo Herrera

X: @Gerardo_Herrer

Editora: Socorro Juárez