Muchas opiniones, más negativas que positivas, dejó el proceso de inscripción y registro de las personas que el próximo primero de junio del 2025 buscarán por voto popular uno de los 900 cargos judiciales federales, entre jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados electorales, magistrados del Tribunal de Disciplina y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Llevar a las urnas la elección de los encargados de impartir y administrar la justicia en el país para acabar con la “corrupción” en el Poder Judicial es el gran cambio sustancial de la anhelada y controversial Reforma Judicial, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y aprobada en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

En números, el registro de postulantes, que cerró el domingo pasado, dejó la inscripción de 49 mil 398 personas que desean competir por alguno de los cargos judiciales que estarán en disputa el próximo año.

De acuerdo con el infame Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República e integrante del Comité de Evaluación, a través del comité del Poder Ejecutivo se inscribieron 18 mil 447 aspirantes. De ese total, 10 mil 862 son hombres, seis mil 101 mujeres y 106 personas no binarias.

A través del Comité de Evaluación del Poder Legislativo se inscribieron 27 mil 146 aspirantes. Mientas que el Comité de Evaluación del Poder Judicial recibió la menor cantidad de registros, con tres mil 805.

“La desproporción de las inscripciones entre los tres poderes puede explicarse por el hecho de que es más complejo llegar a la boleta por la aduana judicial. Mientras que en el Ejecutivo y el Legislativo Morena, el partido en el Gobierno, tiene todas las palancas de control necesarias para aprobar las candidaturas, en el Judicial se requiere del voto de ocho de los 11 ministros para llegar a la boleta final”, revela de manera precisa una nota del periodista Zedryk Raziel publicada en El País.

En todo este largo y tedioso proceso en el que se convertirá la elección de jueces y ministros la lupa está puesta en los dos órganos máximos del Poder Judicial: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La máxima tribuna constitucional de México y la máxima tribuna electoral del país.

Justicia y elecciones

Para integrar uno de los 11 espacios del pleno de la SCJN se inscribieron 480 aspirantes de todo tipo de perfiles y filiaciones políticas.

Mientas que para uno de las siete sillas del pleno de la Sala Superior del TEPJF se registraron apenas 388 personas, entre las que también destacan cuadros con nexos partidistas más que claros.

En Puebla, varios fueron los políticos que buscan llegar a uno de los cargos vacantes en el Poder Judicial.

Desde Armando Toxqui, Violeta Lagunes, Rodrigo Abdala, Abelardo Gil, Félix Cerezo hasta a Lorenzo Rivera Nava y Mario de la Rosa.

Existe un perfil entre todos los poblanos inscritos que destaca y es el de Gilberto Higuera, el impecable fiscal General de Puebla, quien busca llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El docente y abogado oriundo de Colorada, Sinaloa, es uno de los mejores juristas del país y pertenece – pocos lo saben – a un selecto grupo de no más de 10 fiscales y subfiscales, en funciones y retirados, de México que tienen a su cargo las procuradurías de los principales estados del territorio nacional y también las más peligrosas como las de norte y del bajío.

Higuera Bernal es un perfil de élite en México si se habla de la impartición y administración de justicia.

No por nada, el sonorense, pero poblano por adopción, logró transitar con Tony Gali, Martha Erika Alonso, Guillermo Pacheco Pulido, Miguel Barbosa y Sergio Salomón durante el sexenio maldito que está a punto de terminar.

Todos ellos siempre reconocieron en Gilberto Higuera a un hombre íntegro, honesto y especialista en su ramo.

La trayectoria del fiscal poblano no es menor. Fue agente del Ministerio Público, coordinador de asesores de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, además de director de asuntos jurídicos. A nivel federal, trabajó como director General Adjunto de Asuntos Jurídicos y de Normatividad del Sistema de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

En 1999, fue nombrado Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa y, posteriormente, fue llamado por la entrante administración de Vicente Fox Quesada (2000-2006) para formar parte de la Procuraduría General de la República (PGR) como Subprocurador General.

Higuera es egresado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), además de un Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es docente de formación, desde los niveles de primaria hasta catedrático en la Facultad de Derecho de la UAS y, en dos ocasiones, fue coordinador de la Universidad de Occidente Unidad Culiacán.

Sí, Gilberto Higuera tiene las maletas ya hechas para dejar Puebla luego de siete años al frente de la Fiscalía General, en la que dio resultados más que notables para aspirar a la máxima tribuna de justicia del país.

Higuera Bernal cuenta con todos los méritos para portar la toga de la SCJN.

Pocos cuentan con sus estudios, capacidades e integridad.

¿No es eso lo que ahora busca la 4T para el Poder Judicial?

Es pregunta.

Editor: Fabián Sánchez