Este miércoles terminó la fase de comparecencias de las y los 12 aspirantes a la Comisión de Derechos Humanos (CDH). A partir de ahora, se turnará un dictamen a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), a cargo de Laura Artemisa García Chávez, para que seleccionen a los mejores perfiles.

En esta jornada, fue el turno de los últimos cuatro aspirantes, quienes, al igual que las primeras ocho personas que comparecieron, presentaron un diagnóstico sobre los derechos humanos en Puebla y además respondieron preguntas de las y los legisladores, así como de la ciudadanía.

En esta última fase, Rosa Isela Sánchez Soya expuso que su plan de trabajo se centra en proteger y defender a los grupos vulnerables, priorizando temas como medio ambiente, vivienda, alimentación, derechos sindicales, laborales, seguridad social, educación y salud.

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“Establecer y ejecutar acciones en materia de igualdad, entendiendo por igualdad no únicamente hombre y mujer, tenemos que ser inclusivos (…) cabemos todos, binarios y no binarios”, comentó.

También se pronunció por mejorar el marco normativo de la CDH. En la ronda de preguntas, dijo que implementaría un espacio especial para las familias de personas desaparecidas, con el objetivo de brindar asesoría jurídica especializada.

Además, se manifestó en contra de la prisión preventiva, argumentando que se deberían privilegiar otras medidas antes de encarcelar a alguien: “es la última medida cautelar que se debería utilizar”, dijo.

En entrevista, respondió a las críticas que sugieren que su cercanía con el gobernador electo, Alejando Armenta Mier, influye en su designación. Aclaró que es abogada desde hace diez años y que además da asesorías gratuitas en parques y colonias de Puebla.

Sobre su presencia en eventos del gobernador electo y su parentesco con Alexa Espidio, suplente de una diputada local, dijo que solo acompañaba a su hija para brindarle apoyo, y negó tener vínculos con algún partido político: “Cada una de nosotras tiene sus aspiraciones por aparte (…) es totalmente independiente a lo que yo hago”, dijo.

También compareció Félix Ramos Montaño, quien mencionó que, como servidor público ha mantenido contacto constante con víctimas de violaciones a los derechos humanos, en su diagnóstico, dijo que la CDH carece de coordinación interinstitucional con universidades, barras de abogados y grupos de la sociedad civil.

Criticó que la CDH recibió 8 mil 378 quejas en 2023, de las cuales 3 mil 602 fueron por asesoría jurídica y omitieron acciones para dar este tipo de atenciones, propuso crear Comités de Derechos Humanos en cada municipio de Puebla, así como la creación de Comités de Defensa de los Derechos Humanos Universitarios en cada universidad, integrados por docentes, alumnos y personal administrativo.

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Mónica Roldán Reyes, quien fue abogada del presunto líder huachicolero “El Toñín”, afirmó que, de ser elegida como presidenta, reduciría su sueldo en un 30%, en respuesta al incremento superior al 50 por ciento que se otorgó Félix Cerezo. “Yo vengo a servir de corazón a los ciudadanos”, declaró.

En entrevista, al ser cuestionada sobre su cercanía con el capo, pidió a los reporteros que “utilicen la metodología de investigación” y rechazó haber sido defensora de “El Toñín”, aclarando que defendió a los pobladores de Palmarito Tochapan.

Luis Armando Soriano Peregrina también compareció, destacando que se ha dedicado al activismo desde hace diez años. Propuso que la CDH adopte un enfoque más cercano a la ciudadanía, señalando su experiencia en derechos humanos.

Editora: Socorro Juárez

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