El reciente anuncio del Plan para aumentar la cobertura universitaria liderado por Claudia Sheinbaum marca una apuesta ambiciosa por ampliar la educación pública y gratuita en México.

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Con la promesa de 330 mil nuevos espacios en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud y el Politécnico Nacional, se plantea un cambio de rumbo frente a las políticas que durante décadas favorecieron el crecimiento del sector privado. Sin embargo, el informe Education at a Glance 2024 de la OCDE arroja una serie de datos inquietantes que revelan un panorama educativo con profundas desigualdades estructurales, que ponen en duda si esta expansión logrará transformar realmente el sistema educativo.

El crecimiento de la educación superior es, sin duda, una noticia positiva. Sin embargo, ampliar el acceso no garantiza resolver las desigualdades históricas del sistema educativo mexicano.

Un ejemplo claro es que prácticamente 6 de cada 10 egresados de educación superior provienen del sector privado, una cifra significativamente superior al promedio internacional. Esta tendencia sugiere que, aunque se amplíe la matrícula en las universidades públicas, el prestigio y los recursos seguirán concentrados en las instituciones privadas, fomentando las disparidades en oportunidades y movilidad social.

Además, el informe de la OCDE señala que 42% de los jóvenes adultos en México no ha terminado la educación media superior (EMS), ubicando al país en el último lugar junto con Sudáfrica.

Este indicador no solo refleja el bajo nivel de preparación de buena parte de la población joven, sino que también sugiere que los esfuerzos por ampliar la educación superior podrían ser insuficientes si no se fortalecen los niveles educativos previos. Sobre todo el nivel medio superior, que en mucho tiempo ha sido el más olvidado, hasta la llegada de las becas Benito Juárez.

Chiapas, por ejemplo, presenta tasas alarmantes, con solo 55% de los jóvenes entre 15 y 19 años dentro del sistema educativo. Esta situación plantea un dilema estructural: no basta con abrir más universidades si los jóvenes no logran completar los niveles educativos básicos para acceder a ellas.

Otro desafío significativo es el bajo nivel de inversión educativa en México. El gasto por estudiante, según la OCDE, asciende a 3,513 dólares anuales, una cifra muy lejana del promedio de 14,209 dólares que invierten los países miembros. La caída en la inversión educativa, que pasó del 5.1% al 4.2% del PIB, refleja una tendencia preocupante: la educación no ha sido una prioridad en los años recientes. Esta falta de inversión profundiza las brechas estructurales y deja en desventaja al sistema educativo público, especialmente frente a modelos más avanzados como el danés, donde la inversión por estudiante es cinco veces mayor.

El panorama se complica más cuando se analiza la saturación del personal docente. Mientras que en otros países los maestros atienden en promedio a 13 o 14 estudiantes por aula, en México los docentes enfrentan grupos de 24 alumnos en primaria y hasta 30 en secundaria, casi el doble que sus pares internacionales.

Al mismo tiempo, los salarios de los maestros mexicanos son 23% inferiores al promedio de la OCDE, lo que no solo desalienta la vocación docente, sino que también reduce la calidad de la enseñanza. Expandir la matrícula sin mejorar las condiciones laborales del magisterio es una receta para el desgaste y la insuficiencia del sistema educativo.

Las nuevas universidades anunciadas por Sheinbaum representan un esfuerzo por corregir el rumbo, un rumbo de décadas de abandono, pero la expansión no es sinónimo de transformación estructural. Es fundamental que este plan vaya acompañado de una estrategia integral de política pública, que articule la ampliación de la educación superior con mejoras en la calidad de la enseñanza, la inversión en infraestructura educativa y el fortalecimiento de los niveles educativos previos.

Sin este enfoque holístico, la expansión puede terminar reproduciendo las desigualdades existentes, al privilegiar la cantidad sobre la calidad.

Además, la apuesta por nuevas carreras estratégicas en áreas como salud, semiconductores e inteligencia artificial es un paso importante hacia la soberanía tecnológica y la modernización del país. Sin embargo, para que estas carreras realmente impulsen el desarrollo nacional, será crucial garantizar que los jóvenes provenientes de sectores marginados accedan a ellas y encuentren empleos de calidad al egresar. De lo contrario, se corre el riesgo de formar una generación de profesionales sin oportunidades reales en el mercado laboral.

En definitiva, la expansión de la educación superior es una oportunidad histórica para transformar el sistema educativo mexicano, pero no puede ser vista como una medida aislada. Es necesario abordar los retos de manera integral, desde la mejora en la inversión educativa hasta el fortalecimiento del magisterio y la reducción de la desigualdad en el acceso. Para que la educación deje de ser un anhelo inalcanzable y se convierta en un derecho pleno, será necesario un compromiso profundo y sostenido que trascienda el discurso político.

Este es el verdadero desafío para la administración de Sheinbaum: convertir las promesas en políticas concretas que mejoren la calidad de vida de las futuras generaciones. Si la educación es, como se ha dicho, el pilar del desarrollo entonces es hora de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad plena y garantice una educación pública que sea no solo accesible, sino también de calidad.

Desde las antípodas, seguiremos el mapa de ruta de la implementación del Plan para aumentar la cobertura universitaria en México.

Editor: Fabián Sánchez