La integrante de la Asamblea Social del Agua, María Eugenia Ochoa, aseguró que la Conagua debe realizar su función de garantizar que las concesionarias cumplan con el saneamiento de sus aguas residuales.

Esto, ante el conflicto entre pobladores de San Gabriel Chilac y Altepexi por la contaminación de la empresa avícola PATSA, en el Manantial de La Taza, Tehuacán.

Lo anterior propició una serie de protestas y la toma del acceso a las instalaciones de la empresa por parte de los inconformes.

Acusan contaminación de agua de manantial

Los habitantes han denunciado que, durante el lavado de una de las granjas avícolas de PATSA, se provocó que aguas residuales se filtraran hacia el manantial.

Esta maniobra resultó en afectaciones a más de 40 mil personas quienes se quedaron sin acceso a agua potable, luego de la suspensión del servicio en las dos localidades afectadas.

Al respecto, María Eugenia Ochoa señaló que “hay miles de concesiones de agua a empresas en el país y San Gabriel es una de las alarmas para que Conagua tome cartas en el asunto”.

Agregó: “deben cumplir su función de garantizar la sanidad y limpieza del agua, tanto para uso doméstico, comercial e industrial, como para consumo humano”.

Destacó que las autoridades confirmaron ya la suspensión de la distribución del agua del manantial a la población para evitar afectaciones a la salud.

“El daño con la suspensión del agua va a afectar a la población, durante el tiempo que se determine si el manantial se puede usar para consumo doméstico”.

Por ello, exigió a la delegación Puebla de Conagua a “estar vigilante del tratamiento del líquido por las empresas, sobre todo donde realizan sus descargas y si están tratando el agua, a lo cual están obligados”.

falta personal

En ese contexto, reveló que en Puebla “sólo hay 4 supervisores para los 217 municipios”, por lo que están rebasados por tantas granjas y empresas que contaminan el agua e incumplen con los compromisos de tratamiento del líquido.

Aseveró que la ASA apoya la demanda de habitantes, por lo que expresó su solidaridad para que “demanden a los ayuntamientos y a la empresa”.

Ya que “el problema es que las concesiones se dan sin confirmar que las empresas tienen la capacidad de tratar las aguas”.

Estado y municipios

En cuanto a las facultades del Gobierno estatal, Ochoa García respondió que debe velar porque los cuerpos de agua estén sanos y limpios.

En el caso de los municipios, explicó que las autoridades tienen el manejo del sistema operador del municipio, “pero el tema es que no tienen la autoridad para ir con la empresa y cerrarle el suministro del agua, ya que sólo Conagua tiene facultad”.

Reconoció que el municipio cumplió con la gestión y la exigencia a la empresa para la solución inmediata.

“Los municipios van a tener reunión con PATSA para determinar el tema, que tomen cartas en el asunto, de cómo está el agua y los recursos naturales”.

Por lo anterior, enfatizó que los Ayuntamientos deberían “tener facultades para revisar los usos de suelos y las zonas a proteger; el municipio debe tener más facultades en torno a retirar el suministro del agua, en coordinación con Conagua; ahí no tienen los municipios injerencia, pero sí pueden exigir a las empresas el cumplimiento de las normas”.

Además, la activista consideró que los municipios deben empezar a analizar riesgos para determinar dónde tienen que vigilar.

“La ciudadanía cumplió con su tarea de detectar y exigir solución de forma colectiva, la población reaccionó, pero debieron también debieron hacerlo los diferentes niveles de gobierno, ya que incluso, puede haber negligencia por Conagua”.

Por: Arturo Cravioto